La medida propuesta por la concejala de Igualdad, Raquel Puertas, de difundir en la página web del ayuntamiento las sentencias condenatorias con nombre y apellidos de los maltratadores de mujeres ha levantado polémica a nivel nacional y las reacciones, tanto a favor como en contra, no se han hecho esperar.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, rechazó ayer la iniciativa del consistorio, ya que, según considera, "esta medida busca una segunda criminalización del condenado". El portavoz defiende que el castigo ya lo asegura la ley, por lo que hay que pensar "en la prevención de la violencia de género", según declaró a Europa Press.

Puertas defendió, en la presentación de esta medida, que lo que se persigue es arrinconar a los maltratadores, puesto que las mujeres tienen derecho a conocer los antecedentes de estos "peligros públicos", pero López recordó que "la lucha contra esta lacra social debe ser con responsabilidad y reflexión y las medidas contra la violencia machista deben ser tomadas por especialistas en esta materia, como son los jueces, fiscales, el Gobierno y la policía", explicó.

Además, López se preguntó por qué se van a publicar las sentencias de los agresores de mujeres y no las de delincuentes sexuales y económicos o las de responsables políticos.

REINSERCION "De publicarse los nombres de los maltratadores, se acabaría con el principio de reinserción del condenado, toda vez que un juez no puede condenar a una persona, sea hombre o mujer, a aparecer en una web para su escarnio y el de sus familiares". Con estas palabras explicó Miguel Cantero, portavoz del grupo municipal del Partido Popular, el rechazo de su partido a la medida. El PP aseguró que la publicación de sentencias firmes o de los nombres de los condenados por maltrato es ilegal y choca frontalmente con la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Expresó su rechazo a la violencia machista, pero lamentó la "ocurrencia" municipal con esta iniciativa, "porque trata de estigmatizar la violencia para que los agresores se enfrenten al rigor de la justicia, al coste de la repudia y sanción social", dijo.