El ayuntamiento reconoció ayer que no puede atajar la actividad de los aparcacoches ilegales. Ni con cien denuncias, según el balance dado a conocer por la concejalía de Interior, de las que solo cuatro individuos acaparan cerca del 70%. Los hay, asegura, "que a pesar de haber sido juzgados hasta cuatro veces, siguen realizando la misma labor". En la mayoría de los casos se trata de politoxicómanos con múltiples antecedentes penales a los que la policía local está sometiendo a control sistemáticamente, pero que vuelven a las andadas tan pronto son juzgados.
Según explicó ayer el concejal delegado, Francisco Martín, estas cien denuncias son por incumplimiento de la ordenanza municipal de tráfico de 1997 que prohíbe la actividad de los llamados gorrillas y solo la mitad han sido tramitadas en el juzgado por tratarse de reincidentes. Hasta la fecha se han seguido once juicios contra aparcacoches habituales de la zona monumental. "Lo que da idea --resaltó ayer el edil-- de la labor que está haciendo la policía local por lo que los ciudadanos tienen que saber que estamos denunciando como nunca se ha hecho antes, pero nuestro papel llega hasta ahí".
QUEJAS Los conductores, mientras tanto, se quejan del impuesto que se ven obligados a pagar por aparcar en la vía pública. Hasta los turistas lo destacan a su paso por los lugares de interés de manera que la hostelería, preocupada, había llegado a pedir control policial. El cual se hizo más visible el pasado fin de semana, con motivo de la masiva afluencia de visitantes coincidiendo con la fiesta del cerezo en flor. Por lo que los hosteleros de la plaza Mayor han coincidido en agradecer la vigilancia, pero demandan que continúe también ante los pedigüeños. Fruto del sentir general, indicó ayer Martín, la policía local inició hace al menos siete meses el llamado plan para erradicar la figura de los aparcacoches ilegales a los que, sin embargo, se les sigue viendo en plazas públicas de aparcamiento.
