El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la provincia de Cáceres ha decidido personarse en el recurso contencioso-administrativo del interventor municipal contra la resolución dictada por el alcalde de sancionar al funcionario con siete meses de empleo y sueldo. Pero el colegio está dispuesto incluso a interponer una querella criminal contra el propio Díaz si los jueces dan la razón al interventor para que no sea el ayuntamiento, es decir, los placentinos, sino José Luis Díaz quien deba hacer frente a la indemnización.
Así lo anunció ayer el presidente del colegio oficial, Cipriano Jiménez, tras la asamblea celebrada por sus miembros y adelantó también que se va a pedir la suspensión cautelar de la resolución "para que el juez reponga al compañero mientras se resuelve el recurso y en diez o quince días vuelva a desempeñar su función".
TAMBIEN CONTRA CORISCO
Jiménez justificó estas medidas porque "no entendemos cómo un alcalde instruye un expediente a un funcionario exclusivamente por cumplir con su obligación" y aprovechó para señalar que "según la Ley, el alcalde no es competente para instruir este expediente sancionador", sino que correspondería a la dirección general de administraciones locales, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas.
Además, advirtió que las actuaciones legales irán dirigidas también contra el instructor del expediente, el edil Francisco Corisco, porque "aunque la Ley dice que puede ser un concejal, entiendo que debe tener como mínimo la cualificación que requiere el puesto de instructor". Jiménez volvió a reprobar al interventor de Malpartida de Plasencia por no haber esperado a la resolución judicial para acumular la intervención de ambos ayuntamientos.
