Necesitamos un lugar donde tirar los escombros ya". Es la demanda general de los constructores de la ciudad, que han recibido con sorpresa y preocupación la decisión del ayuntamiento de clausurar la escombrera municipal sin ofrecer una zona alternativa, que han pedido con urgencia.

Antes que nada, reprochan al ayuntamiento que no les haya informado del cierre: "No hemos recibido ninguna comunicación, lo han hecho de estrangis y nos hemos tenido que enterar por el periódico", se quejaban ayer desde Miroe Construcciones mientras todos a una se hacen la misma pregunta: "¿Dónde tiramos ahora los escombros?".

El concejal de Medio Ambiente, Miguel López Bueno, aún no ha dado una respuesta desde que el pasado día 3 el equipo de gobierno denegara el vertido de un camión a una empresa con el argumento de que el vertedero de la carretera de Salamanca está saturado. Ayer, la asesora de prensa del consistorio dijo en su nombre que el edil dará explicaciones esta misma semana.

"LO HAN HECHO MAL" Pero las constructoras están indignadas porque afirman que "no se puede cerrar y a las constructoras, que pagamos nuestros impuestos, dejarnos sin saber dónde tirarlos. Es un servicio que el ayuntamiento debe dar, que para eso pagamos un porcentaje para ello en las licencias", advertían ayer desde Seype y Torres. También Majuma y Placonsa consideran que "el ayuntamiento lo ha hecho mal. Antes de llegar a una situación límite debía haber dado una alternativa porque además este material no es reciclable y no podemos llevarlo a ningún otro sitio".

La consecuencia para todos es clara, un aumento de las escombreras ilegales, que ya han aparecido en zonas como Matías Montero o el polígono de La Data. "Se van a encontrar con basuras por todos lados y con las calles llenas de contenedores de obras", avisa Majuma, mientras Seype afirma que "las empresas tienen que seguir trabajando y si no los tiran allí, lo harán en otro lado". Miroe advierte además de que "en cinco segundos cualquiera puede descargar un camión sin que nadie le vea" y Placonsa sentencia: "Estábamos ilegales --la municipal era ilegal desde el 2005-- y seguimos ilegales. Las empresas pequeñas van a tratar de quitarse los escombros del medio como sea".

Su opinión la comparte también la federación provincial de la construcción, Pymecon, que ya ha anunciado que pedirá explicaciones al ayuntamiento.