Las empresas adjudicatarias de las veinte parcelas que el ayuntamiento vendió en septiembre en las zonas del Mundial 82 y el antiguo matadero han recurrido a la vía contencioso administrativa para aclarar qué precio tendrán las viviendas que hagan.
Además, han pedido al juzgado la suspensión paralela del pago de la adjudicación, 8 millones de euros, con los que el ayuntamiento pretendía hacer frente a inversiones del 2004 como la compra de los nuevos autobuses urbanos, los proyectos del programa Interreg o la eliminación de barreras arquitectónicas.
Los promotores han decidido llevar al consistorio al juzgado para aclarar si el precio de las viviendas será de 1.352 euros por metro cuadrado de superficie construida o útil, ya que creen que el pliego de condiciones no lo aclaraba. En principio, recurrieron por vía administrativa ante el ayuntamiento, pero al desestimar éste el recurso optaron por ir al contencioso con la petición paralela antes citada.
Los constructores lo justifican porque "ahora las parcelas no están a nuestro nombre así que cómo vamos a adelantar el dinero si no podemos empezar a construir. El día que nos escrituren el terreno, pagaremos".
Por su parte, el portavoz del PSOE, Pablo Sánchez del Mazo, replicó que "ellos son los adjudicatarios con independencia del precio de la vivienda" y reconoció que hay inversiones vinculadas al pago, aunque las aseguró --incluidos los autobuses-- porque en caso necesario el ayuntamiento recurrirá al crédito: "Si esto se demora tendremos que llamar a la puerta de las entidades para que nos den dinero".
