Los funcionarios del juzgado de lo Penal se han visto obligados a desalojar las oficinas, ya apuntaladas, ante el riesgo de derrumbe del techo que el sábado se caló por la rotura de una tubería. No obstante la Subdelegación del Gobierno garantizó que no ha paralizado la actividad del juzgado si bien los siete funcionarios afectados tuvieron que emplear toda la mañana de ayer en trasladarse a unas dependencias seguras donde instalarán ahora los ordenadores y los archivos, los cuales estaban recogidos en la sala de vistas.

Era una crónica anunciada por la antigüedad de la red y ya ocurrió, de hecho, en Semana Santa. Ahora ha sido el fontanero quien dio la voz de alarma el lunes cuando vio la grieta que se abrió el sábado en la pared abombada de la sala. Los técnicos del ministerio la inspeccionarán mañana.