La sentencia del Tribunal Supremo que devuelve al ayuntamiento los pabellones militares ha cogido por sorpresa a las doce familias de militares retirados que residen en los dos bloques que dan a la calle Cabezabellosa en Miralvalle. Llevan una media de veinte años pagando su mensualidad al Invifas dependiente del ministerio de Defensa y ahora están preocupados por cómo quedará su situación.
Tampoco lo sabe aún el ayuntamiento y el Invifas guarda silencio. La alcaldesa pedirá ahora informes a los técnicos municipales mientras los vecinos consultados confían en que se reconozcan los derechos adquiridos como inquilinos después de tantos años. Ahora pagan del orden de 102 euros al mes por el alquiler y la política del Invifas es que los militares retirados puedan tener derecho a compra en condiciones ventajosas.
A LA EXPECTATIVA Pero en este caso la sentencia que ordena la reversión de los pabellones militares al ayuntamiento ha llegado antes. "Estamos a la expectativa, pero dudo de que nos echen de aquí. Otra cosa es que cambia la titularidad de los pisos y con ella nuestra situación, pero a ver qué pasa". Así se expresaba ayer uno de los vecinos mientras la tónica general es de cierta preocupación. De hecho, no han recibido ninguna comunicación del Invifas, que es el organismo de Defensa con el que mantienen la relación de arrendamiento y se enteraron ayer por la prensa de la nueva situación creada por la resolución judicial.
En cada uno de los dos bloques hay dos pisos desocupados y el resto de los pabellones se utilizan sólo para algunas reuniones del llamado centro cívico militar. El PGOU concede un uso residencial para los terrenos donde se asientan en pleno centro de la ciudad.
