Como era de esperar, la diputada regional de Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha pedido el sobreseimiento de las actuaciones del caso de las viviendas no demolidas en la sierra de Santa Bárbara en lo que a ella respecta, pero ha añadido una novedad, que, en el caso de no prosperar su solicitud, «se cite a declarar en calidad de investigado al actual alcalde» del Ayuntamiento de Plasencia, Fernando Pizarro.

Su abogado afirma en el recurso que su declaración es «pertinente, útil, admisible e imprescindible» porque desde la fecha en que se ha acotado la investigación, junio del 2011, hasta la actualidad, «no se ha procedido al dictado de ninguna resolución de ejecución de la demolición de ninguna de las edificaciones a las que se refieren los expedientes relacionados por la Fiscalía en su denuncia» y, por tanto, «se hace necesario saber las razones de tal conducta omisiva».

Justifica que declare como investigado «para no producirle indefensión» y apunta que la propia Fiscalía abrió la puerta a su citación al ampliar la investigación «hasta la fecha del hoy» cuando pidió al ayuntamiento numerosa documentación de los expedientes tramitados desde el 2005 y hasta la actualidad.

su defensa / Por lo que respecta a las razones del sobreseimiento, señala su defensa que el juez no individualiza las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito e insiste en lo que ya declaró en su día, que no tenía delegadas las competencias para «dictar actos administrativos con afectación a terceros» y se basa en una certificación del secretario municipal y en la declaración del asesor jurídico de la oficina de Urbanismo, quien dijo que «es una competencia de la alcaldía». Apunta también que el delito habría prescrito.

En cuanto a la petición que hará el ayuntamiento, el alcalde anunció ayer una novedad, que «es muy posible que solicitemos que algunas personas salgan del procedimiento por la temporalidad de sus responsabilidades» y aludió directamente al exconcejal de Urbanismo Francisco Barbancho. En el periodo de tiempo que se investiga, este permaneció como concejal del 28 de enero del 2011 al 10 de junio del mismo año.

No dio más nombres, ni confirmó si pediría lo mismo en el caso de la exedil Mónica García, que fue concejala desde el 1 de enero del 2006 hasta el 15 de junio del 2007. Son los dos concejales que menos tiempo estuvieron al frente de Urbanismo entre el 2006 y el 2011 porque Victoria Domínguez lo estuvo del 22 de junio del 2007 al 17 de diciembre del 2010 y la exalcaldesa lo fue durante todo el periodo investigado.

EL ALCALDE, PRUDENTE / No obstante, Pizarro dijo ayer que el ayuntamiento mantendrá «la prudencia» y aprovechará los tiempos que el último auto judicial le permite para hacer su petición, que muy posiblemente se decantará por la apertura del juicio oral.

Lo más seguro también es que espere a conocer la petición del fiscal: «no es malo saber lo que se va a hacer desde otras instancias», dijo ante la pregunta de si esperará al escrito de la Fiscalía. Y se estudia igualmente la posibilidad de pedir una compensación económica para el ayuntamiento, por el bien de la ciudad.