La diputada regional de Ciudadanos, Victoria Domínguez, recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictado el miércoles, que la imputa por un posible delito de prevaricación urbanística o de omisión del deber de perseguir delitos por no haber actuado cuando era concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Plasencia contra las edificaciones ilegales de la sierra de Santa Bárbara.

La diputada dijo ayer en Mérida que respeta todas las decisiones judiciales, pero que en el auto «no hay nada nuevo a lo que ya había», pese a que el juez dice claramente que les considera, a ella, a la exalcaldesa Elia Blanco y a los exconcejales Mónica García y Francisco Barbancho, responsables de una «total pasividad» por no haber ordenado el derribo, ni denunciado la situación de ilegalidad de las viviendas, pese a los numerosos expedientes que tramitaba la oficina de Urbanismo al respecto.

Domínguez ha explicado que sus letrados estudian lo más conveniente para ella y que no se sabe si se abrirá un juicio oral, a lo que ha añadido que no se plantea dimitir como diputada regional si este se abriera porque queda mucho procedimiento por tramitar y la apertura de juicio es «un hecho que no ha sucedido».

El juez, en su auto, da tres días para interponer recursos de reforma y subsidiarios de apelación y cinco días para interponer un recurso de apelación directo.

Quien también anunció ayer que recurrirá y pedirá el sobreseimiento de la causa fue el abogado de Mónica García, Estanislao Martín. «Nosotros seguimos manteniendo que de la instrucción no se observa nada que implique que los concejales han cometido los delitos que dice el auto. Porque apenas tenían competencias en Urbanismo. No las tenían para dictar resoluciones que afectaran a terceros y los procedimientos de disciplina eran técnicos y pasaban directamente a la alcaldía». También dijo echar en falta en el auto, «que la instrucción abarque a los que estuvieron a partir de junio del 2011».

En cuanto al ayuntamiento, que como acusación puede pedir la apertura de juicio o el sobreseimiento, «los servicios jurídicos continúan estudiando el auto» para tomar una decisión. Ni Elia Blanco ni Ciudadanos a nivel regional se pronunciaron ayer sobre la resolución judicial.