La polémica no abandona el proceso de adjudicación de las viviendas sociales ocupadas. Los vecinos que viven de forma legal en el polígono de La Data están indignados después de que el concejal de Bienestar Social, Victoriano Durán, acudiera el jueves a la zona para instar a los excluidos provisionales de la lista de adjudicatarios, entre los que hay una treintena de ocupantes ilegales, a presentar alegaciones.

Precisamente, ayer terminó el plazo para realizar las reclamaciones y, tras la visita de Durán, más de una veintena de excluidos acudió al registro del ayuntamiento, que no dio abasto. "Hasta ayer habían venido escalonadamente, pero hoy --por ayer-- fue un no parar".

El concejal reconoció haber estado en el barrio, pero afirmó haber informado principalmente a aquellos excluidos porque les faltaba algún tipo de documentación. "Les estuve explicando lo que tenían que hacer porque sólo les faltaba entregar un documento y sin él no les conceden la vivienda", explicó.

Sin embargo, los vecinos criticaron indignados que también repartió escritos de alegación para que los rellenaran entre los ocupantes ilegales.

"TIENEN DERECHO" A esto Durán replicó así: "Esas personas también tienen derecho a decir por qué han hecho eso, si la ley les permite alegar aunque sean ilegales, que lo hagan. Es mi obligación informar a los que menos saben y yo, a cualquiera que necesite algo y no sepa hacerlo, se lo hago". Además, aunque dijo no compartir la práctica de la patada en la puerta afirmó: "Allí hay madres solteras o familias con cuatro o cinco hijos, qué hacemos con ellos. A veces la justicia y la legalidad chocan.