La luz. Es lo último que falta para que los pisos de la Junta destinados a mujeres víctimas de violencia de género puedan acoger a mujeres que los necesitan. De hecho, el Instituto de la Mujer tiene cinco expedientes sobre la mesa de víctimas de la provincia de Cáceres y ya se ha puesto en contacto con las mujeres para ofrecerles alguna de las viviendas, bien en Plasencia o en Cáceres.

Pero «estamos esperando el enganche de la luz, nos dijeron que lo tendríamos la semana pasada y no ha sido así. Espero que no tarde mucho ya». Así se manifestaba el viernes la directora general del IMEX, Elisa Barrientos, que confesó que la previsión era que comenzarán a funcionar primero las seis viviendas de Plasencia, pero, dadas las complicaciones surgidas, finalmente se estrenarán primero las seis de Cáceres, esta semana, según sus cálculos.

Por eso a las mujeres se les están ofreciendo ambas opciones, porque «no necesariamente, una mujer de Plasencia va a querer estar en una vivienda en Plasencia, puede que esta se quiera ir a Cáceres y una de Cáceres quiera ir a Plasencia. Puede que quieran empezar una nueva vida en otra ciudad». De hecho, apunta que se ha dado el caso de mujeres que han rechazado este recurso porque «están muy visibilizados».

seguridad / Es decir, en Plasencia, es público que están ubicados en el recinto Valcorchero, frente al hospital Virgen del Puerto. En este sentido y, en cuanto a la seguridad, Barrientos ha explicado que el IMEX ha consensuado este asunto con el departamento de la Junta responsable del recinto.

Porque la sensación de seguridad es una de las necesidades de las mujeres susceptibles de verse beneficiadas con este recurso. Se trata de mujeres «que no tienen una recuperación completa y necesitan recursos más cercanos, porque hay otras que salen de los espacios de acogida y pueden ser autónomas, aunque vayan igualmente a los equipos multidisciplinares de las casas».

Sin embargo, las que utilicen finalmente estas viviendas serán víctimas con un «grado de deterioro grande», pero a su vez, que «no tienen necesidad de protección», porque en este caso se les deriva a las casas de acogida.

Se trata por tanto de un «recurso intermedio», al que se suma un programa de orientación sociolaboral, más un seguimiento jurídico y psicológico, unido a las ayudas económicas destinadas a estas mujeres. La vivienda es, subraya Barrientos, «un espacio para su recuperación», para que puedan alcalzar «la plena autonomía».