La invitación del gobierno municipal del PSOE a los industriales del polígono para que contraten un servicio de vigilancia privada ante la falta de efectivos policiales ha indignado al sector en plena oleada de robos. "Para qué pagamos impuestos", es la pregunta unánime, pero además la Federación Empresarial Placentina (FEP) ha advertido de que es ilegal porque sólo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden vigilar la vía pública.

"Lo que pide el portavoz del gobierno municipal está prohibido por la Ley", dijo con claridad meridiana su secretario, Francisco Sánchez Guijo, quien advirtió de que éste es un polígono abierto con numerosas zonas, amplio y atravesado por una carretera nacional. "A ver cómo van a patrullar vigilantes jurados por la avenida Martín Palomino entre viviendas, además, o por la carretera de Trujillo o por el Camino Viejo de Serradilla...en fin que no es un polígono cerrado".

DEFICIT POLICIAL Sánchez Guijo puso como ejemplo que un vigilante jurado sólo puede retener a un sospechoso dentro de la industria que esté vigilando. El portavoz del gobierno municipal, Pablo Sánchez del Mazo, había insistido en que todos los polígonos industriales de España tienen seguridad privada, aludiendo así a los vigilantes jurados y sistemas de alarmas. Pero esto último fue lo primero que desactivaron los autores de los últimos robos habidos en el polígono, cuyo modus operandi hizo sospechar a la policía de que se trata de grupos organizados venidos de fuera para actuar.

Mientras tanto, Sánchez del Mazo, entonces alcalde en funciones, reconocía que no hay agentes suficientes en la policía local y no aclaró si el ayuntamiento ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno que se cubra el déficit que arrastra la Nacional. Por lo que desconocedores, en general, de que la vigilancia privada en el polígono es ilegal, los industriales consultados se negaban a contratarla ya sólo por una cuestión económica. "Ya pagamos suficientes impuestos" fue la frase más repetida.

Además, la FEP recordó al ayuntamiento que suya es la competencia de vigilar la ciudad y su secretario advirtió de que va a convocar a una reunión a los afectados para valorar la situación. Lo que se ignora es cuándo va a reunir la alcaldesa a la junta local de seguridad vistas las quejas del polígono y de las asociaciones de vecinos de Unadata, San Juan y San Miguel.