Si el inspector jefe amenazó a la concejala de la policía local con pedirle a ella y a su familia el DNI cada vez que los viera en la calle o si la edil pidió a su subordinado que se cuadrara en su presencia dentro de una campaña de acoso con intención de forzar su destitución tendrá que dirimirlo el titular del juzgado número uno, Antonio Mateo, después del juicio de faltas que quedó ayer visto para sentencia.
El fiscal jefe, Eliseo del Blanco, pidió la absolución para la concejala, Josefa Pérez Camisón, y una multa de diez días a razón de seis euros para el inspector jefe, José Luis Blanco, por una falta de amenazas leve. Asimismo pidió la absolución para el subinspector, José Antonio Quijada, imputado en la causa por su superior inmediato.
El fiscal se basó fundamentalmente en que son patentes las malas relaciones entre el policía y la concejala, pero dio valor probatorio a los testigos de ésta que declararon haber oído las amenazas del jefe a través de una puerta. Mientras tanto, el abogado del subinspector, Miguel Cantero, dijo que su defendido es "una cabeza de turco".
Llamó la atención que la médico que dio el alta al inspector declaró cómo la concejala le pidió explicaciones de ello por teléfono, que ésta negó, y el abogado del jefe, Juan José Flores, denunció el acoso a su cliente. El letrado de la edil, Miguel Alvarez, insistió en que el inspector la advirtió de que iba a tenerla a ella y a su familia vigilados.
