Aunque todavía no es firme el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por el que sus magistrados acuerdan asumir las diligencias del Caso Santa Bárbara de Plasencia, sobre viviendas construidas ilegalmente en la sierra y que no fueron demolidas, la fiscalía de la comunidad autónoma no ha tardado en remitir a la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx un escrito en el que, como era de esperar, solicita al tribunal que cite a la diputada regional de Ciudadanos Victoria Domínguez para que declare como investigada al haber ostentado el cargo de concejalda de Urbanismo dentro del plazo de la investigación. Con esta declaración habrían declarado todos los investigados en el caso, la exalcaldesa Elia Blanco y los exediles de Urbanismo Mónica García y Francisco Barbancho.

Pero además, y como novedad, el fiscal insta a ampliar el periodo de la investigación porque, hasta ahora, la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente lo había acotado entre el 2006 y febrero del 2011, pero el fiscal pide en su escrito que el TSJEx solicite al secretario del ayuntamiento que facilite información fechada, en unos casos desde enero del 2006 y en otros, desde enero del 2005 y «hasta la actualidad».

Lo que pide es que el secretario identifique a los letrados y arquitectos superiores adscritos a la oficina municipal de Urbanismo entre el 1 de enero del 2006 y la actualidad; identificar a los funcionarios o empleados laborales adscritos a la misma oficina durante el mismo periodo de tiempo; aportar una relación de todos los expedientes de disciplina urbanística tramitados por el ayuntamiento desde el 1 de enero de 2005 hasta la fecha e informar de si en alguno de los plenos municipales celebrados desde el 1 de enero de 2005 y hasta la fecha, se ha tratado sobre la problemática derivada de las construcciones ilegales realizadas en el polígono catastral n° 16 (Sierra de Santa Bárbara y demás parajes que lo integran), adjuntando en su caso una certificación del acta o actas.

tres testigos más / Acto seguido, la fiscalía solicita que se tome declaración a tres personas en calidad de testigos, al menos a uno de los letrados adscrito a la oficina, salvo el que ya declaró el 22 de septiembre del 2016; al menos a uno de los arquitectos superiores, preferentemente el que más tiempo haya estado adscrito a Urbanismo y al menos a uno de los funcionarios o empleados encargados de la tramitación de los expedientes urbanísticos.

Además, el fiscal solicita recabar los antecedentes penales de los investigados y cabe recordar que tres de ellos, Blanco, García y Barbancho, fueron condenados por el llamado Caso Plasencia.

Este informe fiscal, de fecha 23 de junio, su suma al que ya emitió el pasado día 14, en el que señalaba que los hechos investigados «son indiciariamente constitutivos de sendos delitos continuados de prevaricación por omisión y de omisión del deber de perseguir delitos».