Después de las constantes quejas de vecinos de la zona centro por el exceso de ruidos y la falta de respeto de los horarios de cierre de algunos locales del casco histórico, ahora, la Fiscalía Provincial de Cáceres ha admitido a trámite la denuncia que un particular presentó contra el ayuntamiento, en concreto contra el gobierno de Elia Blanco, por un presunto delito de contaminación acústica.
Así y según la notificación remitida al particular, la fiscal jefe provincial, Marta Abellán, ha decidido incoar diligencias de investigación penal y subraya que "de la documentación remitida por la unidad de apoyo a la Fiscalía General del Estado, se desprende que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito de contaminación acústica (contra el medio ambiente).
El particular citó a la alcaldesa en su denuncia por "su impasibilidad ante las reiteradas denuncias sobre ruidos" de locales de copas remitidas a Elia Blanco por los vecinos, especialmente de la calle Cartas y aledaños, que han recogido ya medio centenar de firmas de protesta. Los vecinos se han quejado de que no se respetan los horarios de cierre, ni el nivel de ruidos --alguno ha tenido que insonorizar su casa-- y han preguntado también por las licencias de apertura.
Por contra, la Concejalía de Interior ha venido afirmando que los horarios los controla cada fin de semana la policía y, en cuanto a las licencias, ha dado un plazo a una veintena de locales para que se pongan al día.
Será algo de lo que tendrá que informar ahora a la fiscalía porque la fiscal-jefe ha pedido al ayuntamiento que remita información sobre los datos personales de vecinos con viviendas próximas a la plaza Mayor y que puedan estar afectados por los ruidos de locales; un informe de las denuncias o quejas presentadas tanto en la policía local como en el ayuntamiento; un informe de los horarios de apertura y cierre de los locales; una copia del estudio realizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones en el 2006 sobre exceso de ruido en la zona; una copia de la demanda presentada contra el ayuntamiento por falta de medios, seguida en la vía contencioso-administrativa y una copia de los expedientes sancionadores incoados contra los locales y si alguno de ellos fue precintado.
La admisión a trámite de esta denuncia es una pequeña victoria para los vecinos, que llevan años pidiendo que se respete su derecho al descanso y ahora, cansados, han comenzado a denunciar en los juzgados.
