Hasta que el ayuntamiento no encuentre dónde cobijar temporalmente a tres familias con menores a su cargo que se hallan entre los ocupantes ilegales de las trece viviendas sociales sobre las que pesan las órdenes de desahucio no apoyará a la Junta de Extremadura en los desalojos. "Porque no tienen dónde vivir y yo, como concejala de Servicios Sociales, no puedo permitir que nadie, en situación de emergencia, se quede en la calle habiendo viviendas sociales vacías". E incluso tapiadas, según Carmen Blázquez, desde los anteriores desahucios en el 2006, pese a que la concejala afirmó que hay solicitantes en lista de espera.

Esta es la verdadera razón que escondía el ayuntamiento tras las cuestiones burocráticas a las que aludió la semana pasada la alcaldesa, Elia Blanco, para justificar la paralización de los desalojos. Lo confesó ayer Carmen Blázquez a preguntas de los medios, visiblemente incómoda porque no ocultó su rechazo a la política social de la Junta al criticar que no ha habido un seguimiento a la situación de las familias desde que se iniciaron los expedientes de desahucio. Mientras que los Servicios Sociales del ayuntamiento han constatado que en el caso de estas tres familias las circunstancias han ido a peor hasta el punto, dijo, de que todos sus miembros están en paro y con hijos menores a su cargo, algunos incluso enfermos.

ILEGALIDAD Por lo que la concejala reclamó que se revisen los expedientes y anunció que hace una semana que ha pedido a la Junta la cesión en uso de cinco de las viviendas sociales para situaciones de emergencia como estas. "Yo no apoyo la ilegalidad --advirtió-- pero la responsabilidad que tengo en estos momentos me lleva a tomar decisiones como esta habiendo familias con menores que a lo mejor cuando se iniciaron los expedientes tenían algún recurso, pero ahora no y por eso se han parado los desahucios, para buscar una solución". Aunque la concejala dijo haber propuesto a la consejería de Fomento, de la que dependen, que siguiera adelante con los demás expedientes con la negativa de la Junta a acometer desalojos "selectivos".

Sin embargo, el pulso que ha echado el ayuntamiento ha forzado la suspensión sine die de los desalojos mientras la concejala rechazó proporcionar desde los Servicios Sociales municipales un realojo provisional a las familias en cuestión mientras existan viviendas sociales vacías, pese a reconocer insistentemente que el ayuntamiento no apoya la ilegalidad de meterse en un piso por el procedimiento de la patada en la puerta. "Pero el ayuntamiento, y la que suscribe concretamente, considera que las viviendas no deben estar vacías" con lo que la edil volvió a dejar ver su disconformidad con la política regional.