Un no . Es la respuesta que ha obtenido el gobierno de los técnicos del Ministerio de Hacienda a su petición de información sobre la posibilidad de que el ayuntamiento se endeudara más o refinanciara su deuda con el objetivo de obtener más dinero en metálico para pagar parte de la deuda de las huertas de la Isla, como han reclamado los propietarios.

El alcalde y el concejal de Hacienda, junto con técnicos, acudieron in situ al ministerio y estaban pendientes de un informe que respondiera a su solicitud de información y asesoramiento. También el juez que está ejerciendo de mediador con los dueños de las huertas estaba a la espera de ese informe, que, según explicó ayer Fernando Pizarro, ha llegado en forma de correo electrónico y concluye que "es imposible poder refinanciar la deuda y endeudarnos más".

¿Cuáles son los motivos? Los técnicos del Estado pidieron la liquidación del presupuesto del 2013 para hacer su valoración. Paradójicamente, esta liquidación dio un resultado positivo "porque aún no habían llegado todas las sentencias de las huertas y no estaban introducidas en el presupuesto". No obstante, se ha conseguido para el ayuntamiento un ahorro de 1,5 millones de euros que el propio Fernando Pizarro ha señalado que les permitirá negociar el pago de las huertas.

Sin embargo, en el presupuesto de este año sí está ya incluida la deuda de las huertas, el principal, de 26 millones de euros, lo que supone que el ayuntamiento no cumple con las variables económicas que permitirían endeudarse más, pedir un nuevo crédito para pagar en metálico parte de las huertas.

Es lo que el alcalde transmitirá al juez y a los propietarios en la próxima reunión, decisiva y posiblemente definitiva a la hora de ejecutar la sentencia y que tendrá lugar el próximo día 24. Por eso, Pizarro volvió a apelar ayer a la buena voluntad de los dueños, que "será fundamental para llegar a un acuerdo".

Un acuerdo que ahora más que nunca pasa por pagar la mayor parte de la deuda en forma de suelo, con ayuda del nuevo Plan General Municipal. "Si no, será imposible asumir la sentencia y recuerdo que ya estamos pagando diez millones de un crédito que se pidió para pagar la primera sentencia". Con todo, los abogados de los propietarios ya pidieron en la anterior reunión la ejecución de la sentencia, lo que conllevaría el embargo de bienes municipales.