El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, afirmó ayer que todos los contratos que el ayuntamiento de la capital del Jerte ha firmado con alguna de las empresas investigadas en el marco de la operación Enredadera se realizaron conforme a la legalidad y sin reparos de los técnicos municipales.

En rueda de prensa, explicó cado que entre los años 2011 y 2018, el consistorio ha suscrito dos contratos mayores -adjudicados a través de un pliego de condiciones- y cuatro menores con algunas de las empresas que forman parte de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona.

La misma, que trata de determinar si se produjeron posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico, supuso el martes la detención y posterior puesta en libertad con cargos de un subinspector de la Policía Local de Plasencia, así como el registro de las dependencias municipales.

El alcalde aseguró que los seis contratos se hicieron por parte del consistorio y los órganos colegiados, bien sea por el pleno o la junta de gobierno, «con todo lo que dicta la ley para adjudicar un servicio» y con el visto bueno del secretario, el interventor y el jefe de contrataciones.

Pizarro añadió que desde la llegada del PP al gobierno local en 2011, los requerimientos para la adjudicación de contratos menores «fueron multiplicados al objeto de aumentar la transparencia y evitar que se repitieran las irregularidades que se produjeron durante la anterior etapa socialista», indicó.

En este sentido, recordó que si bien la ley establece que para los contratos menores de 18.000 euros solo es necesario un único presupuesto, su equipo de gobierno estableció la obligatoriedad de contar con tres.

Así, subrayó que, en palabras de los técnicos municipales, los contratos que se establecieron con las empresas investigadas en el ayuntamiento «estaban todos tasados positivamente y habían pasados todos los requerimientos de la legalidad vigente».

«En este sentido, quiero decir que ningún político de mi equipo de gobierno ha sido señalado por nadie, porque los procedimientos están adecuadamente desarrollados conforme a la legislación vigente», aseveró.

De igual forma, manifestó que en este asunto «quien está señalado es un funcionario publico, con las sospechas pertinentes, en virtud de lo que considera un juzgado determinado y de unas pruebas determinadas bajo la presunción de inocencia» y añadió que «hasta el momento, la hoja de servicio del subinspector investigado no tiene ni una mancha» y confirmó que los contratos menores suscritos con las empresas investigadas «fueron informados» por el citado subinspector.