Los secesionistas han sabido extender la falsa idea de que todos los males de Cataluña se deben al resto de España. Esta es la razón por la que una gran parte del pueblo catalán piensa que la única forma de superar sus problemas es mediante la independencia política y, sobre todo, económica. No se ha sabido explicar que el Estado ha aportado casi 50.000 millones de euros para reflotar la maltrecha economía catalana, ni que esa comunidad está lejos de cumplir las exigencias del déficit público, todo ello fruto de nefastas políticas económicas y de la corrupción.

Frente a las exigencias soberanistas, parece que las principales fuerzas políticas del Estado tampoco ofrecen una respuesta unánime. Si bien se abre paso la propuesta de reformar la Constitución para buscar un nuevo encaje de Cataluña en el Estado español.

No conviene ser ingenuos. La reforma de la Constitución no va a satisfacer las irrefrenables aspiraciones independentistas. Mucho menos cuando los constitucionalistas no aclaran o no se ponen de acuerdo en concretar una forma satisfactoria para todos de integrar Cataluña en España.

Una modificación constitucional como la que algunos pretenden requiere cierta aquiescencia, y no parece que existan mayorías confluentes para decidir un nuevo modelo de Estado. Incluso hay bastantes ciudadanos que opinan justo lo contrario: menos descentralización y más coordinación de gobierno, debido a que se está perdiendo unidad de acción en asuntos como la sanidad o la educación, y porque además la proliferación de órganos y el aumento del número de cargos públicos no ha generado más eficacia sino más corrupción.

España se está convirtiendo en una comunidad de vecinos mal avenida en la que se discute si uno paga más o menos gastos comunes. Reformar en estos trances la Constitución resulta arduo. Es cierto que la Carta Magna necesita un aggiornamento , pero desde luego nunca debería hacerse desde las exigencias de los que ni siquiera respetan la legalidad democrática.