El juez del Juzgado de Instrucción número 1 ha dado la razón a la concejala de policía, Josefa Pérez Camisón, frente al jefe, José Luis Blanco, al condenar a éste al pago de una multa como autor material de una falta de amenazas de carácter leve.

La sentencia, que se hizo pública ayer y puede recurrirse ante la Audiencia Provincial, establece para Blanco una pena de diez días de multa con una cuota diaria de 5 euros y al pago de las costas procesales mientras absuelve a Camisón y al subinspector de la policía local, José Antonio Quijada, imputado en la causa por su superior.

El juez ha dictado este fallo tras considerar como hechos probados que en una conversación entre Blanco y Camisón en el despacho de ésta y tras decirle la edil que era su inmediata superior "el Sr. Blanco alzó la voz y le manifestó que tuviera cuidado ella y su familia y que cada vez que les viera por la calle, les iba a pedir el DNI". A esta conclusión llega tras dar credibilidad al testimonio de uno de los testigos y así, la sentencia afirma: "Estamos en presencia de unas amenazas proferidas por el Sr. Banco hacia la Sra. Pérez Camisón", que considera falta por ser fruto de una discusión.

En este sentido, el texto pone de manifiesto "la tensa relación existente" entre ambas partes al señalar que Pérez Camisón "no quería que Blanco se incorporase a su cargo al entender que no se encontraba en condiciones aptas". Para ello se basa en el testimonio de su psiquiatra, que manifestó haber mantenido una conversación telefónica con la edil en la que ésta le pedía que no le diese el alta médica.

Respecto a la versión de los hechos ofrecida por Blanco sobre las amenazas, el juez niega su autenticidad porque "no tiene correspondencia con ninguna prueba practicada".