La dirección general de Telecomunicaciones de la Junta garantizó en un escrito del 28 de noviembre del 2003, que el ayuntamiento ocultó, que las antenas de telefonía móvil de la discordia en el bloque de la avenida del Generalísimo no son peligrosas y están autorizadas porque sus niveles de radiación están dentro de los niveles permitidos.

Este es el organismo encargado de realizar las comprobaciones de las emisiones y en su estudio señala que éstas no exceden "los límites para el caso de exposición contínua a radiofrecuencia de las personas, por debajo de las cuales se considera que no hay peligro para las mismas".

El informe al que ha tenido acceso El Periódico abunda en que "las comprobaciones efectuadas arrojan como experiencia tanto nacional como de otros países que los operadores actuales cumplen las normas y que no superan los límites que establecen las mismas en lugares donde transitan o viven personas, incluso en el caso de multisistemas o multioperador compartiendo infraestructura".

Esta fue la respuesta de la Junta hace ya cuatro meses a la petición que le hizo el ayuntamiento cuando saltó la alarma social porque la plataforma de vecinos atribuyó a las antenas un noveno caso de cáncer en la zona. El ayuntamiento recibió el informe de la Junta sólo diez días después de que la alcaldesa recibiera a los vecinos para pedirle la retirada de las antenas. Estos se basan en que la ciencia no ha podido probar que no haya relación con los casos de cáncer.