Efectivos de la Unidad de Juego de la Comisaría Nacional de Policía de Cáceres precintaron el lunes las oficinas de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), dedicada a emplear discapacitados para la venta de cupones y ubicada en la galería Iberia, por orden de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura al considerar que "son ilegales".
A los agentes de la brigada les acompañó un responsable de la consejería y, según se informó ayer desde la comisaría, además del precinto se procedió a la intervención de 1.370 cupones. Las oficinas seguirán precintadas hasta que se resuelva el expediente abierto por la Junta, competente en materia de juego.
SIGUE LA VENTA EN LA CALLE
Pese a que la delegación placentina ha optado por derivar las llamadas a la delegación de la OID en Cáceres, sus empleados seguían ayer vendiendo los cupones por las calles de la ciudad con toda normalidad.
Por su parte, la delegada de la OID en la ciudad, Rosa Gil, que se encontraba en las oficinas en el momento de presentarse los agentes de la unidad de juego, explicó ayer que "nos pilló de sorpresa" y negó que la organización no haya pagado el impuesto correspondiente. Más aún, señaló que "si ya lo pagamos a nivel nacional cómo lo vamos a pagar también a la Junta". Además, aseguró que "no nos han dado razón alguna para precintar la sede, sólo que faltaba un papel".
Precisamente, Gil presentó un día después una denuncia ante el juzgado de guardia contra los autores del precinto porque "se excedieron en sus atribuciones" al señalar que "se les pidió autorización judicial y respondieron que no la necesitaban", además de indicar que "se les ha informado de la falta de competencia de la Junta por tratarse de un sorteo a nivel nacional, a lo que han hecho caso omiso".
La denuncia cita también el artículo 18.2 de la Constitución que señala que "ninguna entrada o registro en domicilio podrá hacerse sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo caso de flagrante delito" para afirmar que "en el presente caso no existió una situación de flagrancia". Con todo, Gil pide en su denuncia que se tome declaración a ella y a los denunciados.
Por su parte, la Junta no ha informado de si la sanción se aplicará a otras delegaciones, aunque la policía dijo no haber recibido orden de la Junta para aplicar la misma medida en otras sedes.
