Las viviendas ilegales construidas en la sierra de Santa Bárbara y la carretera de Jaraíz, en suelo no urbanizable de protección natural paisajística y no urbanizable común se podrán regularizar, pero con una serie de condiciones, entre ellas, que sus dueños deberán tomar medidas para disminuir el impacto ambiental que ahora producen. Además, estará prohibida la construcción de nuevas viviendas unifamiliares.
Son dos de los aspectos que recoge el Informe Ambiental Estratégico elaborado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta respeto a la modificación puntual del PGM solicitada por los propietarios.
La intención de estos es poder regularizar sus viviendas, lo que paralizaría los expedientes de disciplina urbanística, que en algunos casos ya han llegado a la fase de reclamación de multas, que han sido recurridas.
En su informe, la Junta deja claro que los terrenos objeto de la modificación puntual «no se encuentran incluidos en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura», ni sobre ningún plan territorial ni PIR aprobado. Por tanto, la modificación que permitirá la regularización «no supone ninguna afección a hábitats naturales o especies protegidas», ni incidencia alguna sobre el patrimonio arqueológico.
Es más, señala Medio Ambiente que «el principal efecto ambiental originado por la modificación es el impacto paisajístico producido por las viviendas unifamiliares ya existentes» y, gracias a las medidas recogidas en el informe «no se originará nuevo impacto ambiental paisajístico y el existente se minimizará».
Respecto a los cambios que permitirá, eliminará las cotas a partir de las cuales ahora no permite regularizar; eliminará el retranqueo de linderos y el porcentaje de propietarios que deben firmar el convenio con el ayuntamiento y permitirá la segregación y parcelaciones, que deberán ajustarse a la Ley del Suelo.
Como medidas, insta a mantener en buen estado la «cobertura vegetal», a utilizar materiales acordes al entorno para minimizar su impacto ambiental y a la correcta gestión de residuos.
Una vez recibido el informe, el alcalde dijo ayer que los técnicos lo están estudiando y habrá una nueva reunión el día 21 con el arquitecto redactor del PGM. La modificación debe pasar por el pleno, pero «no dará tiempo» a llevarla al de marzo. Y mientras, «tenemos la obligación legal de continuar los expedientes» encaminados a los derribos, que se pararán una vez que se inicien los trámites de regularización.
