El local de la Junta de Extremadura en el barrio Gabriel y Galán sigue ocupado ilegalmente casi un mes después por miembros de la iglesia evangélica y todavía no sabe cuándo podrá proceder al desahucio a juzgar por las últimas declaraciones de la concejala de Barrios, Carmen Blázquez, a la que la consejería de Hacienda ha requerido el informe de la policía local así como un teléfono de contacto con el pastor de la iglesia evangélica que profesa la población gitana.

La Junta mantiene su mutismo mientras la asociación de vecinos le ha solicitado por escrito una reunión para abordar el conflicto que las ocupaciones ilegales de viviendas y locales sociales están provocando en el barrio. Así las cosas, la permanencia de los evangélicos en el local está contribuyendo a crispar más la ánimos.

Según indicó ayer la concejala, la consejería de Vivienda baraja mantener una reunión con el ayuntamiento y los vecinos mientras parece haber optado por pedir a los ilegales que desalojen por la vía del diálogo dado que ha pedido el teléfono del pastor, al que la propia alcaldesa ya solicitó que se marcharan sin tener que ir al juzgado.