A primeros del 2009, 110 placentinos presentaron una solicitud para optar a una de las 16 viviendas sociales que la Junta tiene en Gabriel y Galán y La Esperanza. Hoy, siguen esperando. Ante la falta de noticias de la Junta, los aspirantes y la propia concejala delegada, Carmen Blázquez, han mostrado su intranquilidad por el hecho de que "hay mucha necesidad de vivienda" y estas 16 ofertadas permanecen mientras tanto vacías.
Se trata de un grupo de viviendas de las que la Junta desalojó a sus inquilinos --los últimos desahucios se produjeron en abril-- porque entraron de forma ilegal, con el conocido método de la patada en la puerta . Ahora, según informó ayer la Junta, están reparadas y en perfectas condiciones, pero también tapiadas para evitar nuevas ocupaciones.
La administración regional justificó el retraso del proceso porque uno de los aspirantes que fue excluido de la lista por el ayuntamiento "presentó un recurso de alzada que se ha resuelto negativamente hace pocos días". Finalmente, son 103 los admitidos para optar a esas 16 viviendas sociales, que ya están cansados de un proceso que se ha dilatado en el tiempo.
La concejala Carmen Blázquez explicó ayer que fue en septiembre cuando el ayuntamiento remitió toda la documentación de cada aspirante a la Junta con su puntuación correspondiente.
LA RECTA FINAL La comisión regional de Vivienda, que se reúne cada mes, es la que revisa esos expedientes y verifica que los aspirantes cumplen los requisitos y a continuación vuelve a enviar la documentación al consistorio. Es lo que hasta ahora no se ha producido.
Desde la Consejería de Fomento explicaron ayer que, una vez resuelto el recurso de un aspirante, la próxima semana remitirán la documentación al ayuntamiento, la lista definitiva de los admitidos en el proceso. Entonces, el gobierno deberá realizar un sorteo conforme al decreto que regula la adjudicación de viviendas de promoción pública.
El paso siguiente será informar a la administración regional del resultado del sorteo para que la Junta prepare los contratos y los envíe al consistorio junto con las llaves de las viviendas. Entonces, en un plazo que no precisó la Junta porque depende de la fecha en que el ayuntamiento realice el sorteo, los adjudicatarios podrán vivir en su piso, por el que pagarán una renta en función de sus ingresos.
