Situaciones económicas graves impidieron a más de 150 familias el año pasado poder pagar facturas de luz, agua y gas, con lo que tuvieron que solicitar la denominada ayuda de mínimos vitales al ayuntamiento, que contó con 70.000 euros para sufragarlas. La concejala de Servicios Sociales, Flor Conejero, ha recordado que también es posible solicitar ayudas para el pago de alquiler o hipoteca, para lo que este año cuenta con 12.000 euros.

No obstante, matizó que en todos estos casos se necesita un informe previo de los trabajadores sociales municipales que dé el visto bueno a esa concesión. A su vez, recordó que existe la posibilidad, ante situaciones de emergencia sobrevenidas, de pedir una ayuda, las antiguas AISES, que van a pasar a denominarse ayudas para contingencias comunes y que ofrece la Junta a los ayuntamientos y el de Plasencia ya se ha adherido.

Son opciones que tienen las personas con dificultades económicas residentes en la ciudad y que se tramitan en el edificio de Servicios Sociales ubicado en La Mazuela.

A esto se suman, generalmente para personas mayores, los servicios de ayuda a domicilio, con 320 usuarios actualmente, y de teleasistencia, con 90 terminales utilizándose y 3 todavía libres, con lo que «no tenemos lista de espera», señaló Conejero.

2.084 extranjeros / Por otro lado, los servicios sociales trabajan también con población migrante y gitana. En el primer caso, la concejala indicó que hay 2.084 extranjeros residiendo en Plasencia, de los que 371 son marroquíes, 349 rumanos, 166 portugueses, 159 bolivianos, 146 chinos y 136 colombianos.

Para ellos hay un programa específico de inclusión social e inserción a través de la renta básica y para el aprendizaje del castellano, que se da sobre todo a mujeres marroquíes gracias a la asociación África Cerca. También se les ayuda con trámites.

En cuanto al colectivo gitano, son unos 1.300 y existe otro programa de inclusión gracias a convenios con las dos asociaciones de la ciudad. Se ha contratado a un técnico para que acuda a los barrios y dé formación y habilidades sociales, mientras el ayuntamiento mantiene la premisa de que no se les concede la renta básica si no tienen a sus hijos escolarizados y ofrece profesores en verano para alfabetización.