El ayuntamiento está endeudado, pero al ayuntamiento también le deben. Si todos los morosos que tiene pagaran su deuda, las arcas municipales aumentarían en 9 millones de euros. Esa era la cantidad pendiente de cobro a 31 de mayo del 2015 y así aparece en la liquidación del presupuesto.

El concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, ha explicado que no se trata de una morosidad nueva, sino que es la que se ha ido acumulando año tras año y, a fecha de hoy, ha cambiado porque en lo que va de año se han ido recibiendo pagos. Porque esa morosidad proviene, por un lado de impuestos que no se han cobrado, y en este sentido recordó que de la recaudación se encarga el organismo provincial, La OARGT, y, por otro, de subvenciones que no llegaron el año pasado. "Al finalizar el ejercicio, al igual que no se han pagado cosas, las hay también que no se ingresan, pero en estos meses del año van llegando".

Por eso, explica que, para calcular la morosidad real, se determina un saldo denominado de dudoso cobro, que sería el que la administración ve más difícil de cobrar y depende de la cantidad de años que hayan pasado. Por ejemplo, si solo ha pasado un año, se entiende que será una deuda con más alta probabilidad de cobrar. Así, el saldo de dudoso cobro es de 4 millones de euros, "pendientes de recaudación por la OARGT".

Precisamente, para reducir esta morosidad, el ayuntamiento quiere contar con un inspector de rentas y de ahí que haya sacado la plaza dentro de la oferta pública de empleo.

CRITICA SOCIALISTA Pero para el PSOE, esta morosidad es "una respuesta a su gestión", en palabras del portavoz del grupo municipal y secretario local, David Núñez, en alusión al concejal de Hacienda. Núñez dijo ayer desconocer si los morosos son familias que no han podido pagar sus impuestos, o no, y reprochó que el ayuntamiento culpe al organismo autónomo de recaudación, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres. "¿Qué pasa, que aquí no hay culpables?", preguntó.

También censuró los cerca de 1,2 millones de euros pendientes de pagar a proveedores. Se trata de facturas extrajudiciales fechadas desde el 2011 hasta el 2015, dijo, aunque el edil de Hacienda matizó después que la mayoría son del año pasado.