El pleno aprobó ayer pedir la correspondiente documentación a la empresa Joca Ingeniería y Construcciones para poder dar el siguiente paso y adjudicar, definitivamente, a esta compañía la obra para construir una residencia para mayores en los antiguos pabellones militares. Además, también se dio luz verde al cambio de la ordenanza municipal de tenencia de animales.

Una vez presentadas todas las ofertas y abiertas todas las plicas el pasado 25 de julio, la empresa que mejor oferta presentó fue Joca Ingenieria y Construcciones, con un presupuesto de 3.206.969,99 euros. La compañía tuvo un plazo de diez días para justificar esa bajada del presupuesto, pues la obra salió a licitación por 3,9 millones de euros. Joca lo hizo, los técnicos lo analizaron y dieron el visto bueno.

Por todo ello, el pleno aprobó la petición de toda la documentación para la adjudicación definitiva de la obra a esta empresa y que comiencen los trabajos lo antes posible. En el próximo pleno, el de septiembre (la sesión de ayer fue la de agosto, mes en el que no hubo por vacaciones), se procederá a dar el último paso y se prevé que las obras empiecen antes de final de año. «Esto significará que uno de nuestros deseos se hará realidad, después de muchos años de trabajo y reuniones para conseguir lo que los ciudadanos nos demandan», sentenció el alcalde Fernando Pizarro.

Por otro lado, el pleno también aprobó el cambio en la ordenanza municipal de tenencia de animales. En concreto se añaden frases en el artículo 6, en los puntos cinco y seis. Esto conllevará que los dueños de mascotas, principalmente perros, deberán llevar siempre una bolsa o envoltorio adecuado para recoger las deposiciones de sus canes y deberán tirarlo lo más pronto posible a los espacios ubicados para ello.

evitar problemas / Esta es una medida, que aunque debiera ser de sentido común, debe recogerse en la ordenanza para evitar problemas. «Son muchas las personas que cumplen con las leyes, pero es verdad que hay un reducido grupo que no cumple con las normas cívicas», como señaló el concejal de Salud Pública, Luis Miguel Pérez.

Y es que el no cumplir con esta nueva norma, la ordenanza contempla una sanción grave y que conllevará una multa de hasta 500 euros. Además, en los puntos cinco y seis del artículo 6, se recoge también la prohibición de verter azufre o sustancias químicas.

En octubre, el ayuntamiento lanzará una campaña de sensibilización y concienciación.