Obras en la zona del parque de La Isla y en la ciudad deportiva han motivado la investigación judicial abierta contra los concejales Blas Raimundo y Enrique Tornero, y el empresario José Antonio Romero. La inició en diciembre pasado la Fiscalía Provincial de Cáceres, y la causa la instruye el Juzgado número 4 de Plasencia, que ha abierto diligencias de investigación y en breve llamará a declarar a los tres imputados, que no acusados, por presuntos delitos relacionados con la malversación de caudales públicos.

Lo que en estos momentos se está investigando, según ha podido saber este periódico, es la presunta connivencia entre los dos concejales y el constructor para la adjudicación de determinadas obras municipales fuera de la legalidad. Figurarían, entre dichas obras, un aparcamiento en la zona de La Isla, la pista de cross de la ciudad deportiva y la piscina climatizada Enrique Tornero.

La apertura de la fase de instrucción de esta causa y la inminente toma de declaración a los tres imputados la confirmó ayer el Juzgado número 4 a través del gabinete de comunicación del TSJEx, aunque fuentes judiciales aclararon a este diario que el hecho de que el juez les vaya a llamar a declarar como imputados no significa que ya estén acusados, ni tan siquiera que se les vaya a acusar y juzgar.

"La toma de declaración forma parte de esta fase de investigación, pero tras escucharles, en base a sus declaraciones y las pruebas documentales, se puede acordar bien acusarles, lo que conllevaría ser posteriormente juzgados por los delitos que se consideren probados, o bien archivar la causa porque no se les considere autores de delito alguno".

POLEMICA Con la decisión judicial finalizarán unas diligencias iniciadas a raíz de una denuncia que presentaron en diciembre del 2009 el portavoz del PP, Miguel Cantero y el concejal popular Isidro Rodríguez en la Fiscalía Provincial de Cáceres.

Hasta el momento, Raimundo, Tornero y Romero Vega han proclamado su inocencia y han dicho tener la conciencia tranquila. El PSOE provincial ha defendido su honestidad, mientras que el PP ha pedido al secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, que aparte a los dos concejales de sus funciones. Vara, sin embargo afirmó el pasado viernes: "Voy a defender su inocencia mientras no se demuestre lo contrario".

Eso sí, también recordó que cuando alguno de los militantes socialistas está imputado en un delito debe cursar baja en el partido hasta que se resuelva el caso y, si es condenado en firme, perderá la confianza del PSOE. Además, señaló que en las listas del PSOE en Extremadura no ingresaría ninguna persona que fuera culpable o estuviera imputada por su cuestionable gestión en el cargo político que fuera.

Precisamente el portavoz regional del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, pidió ayer a Vara "que cumpla con su palabra" y solicite la baja del PSOE de los dos concejales imputados, pese a que esto no significa que estén acusados, ni tan siquiera que se les vaya a juzgar. Aún así, Carrón afirmó: "Ha llegado la hora de actuar y el presidente de la Junta de Extremadura debe coger el toro por los cuernos y ser coherente".

Además, señaló que Vara tiene ante sí una "oportunidad de oro para dar un ejemplo por todas las malas prácticas por parte de los cargos públicos".

Por su parte, UPyD pidió también ayer que se aparte de las instituciones a los dos concejales. "Los dos tienen que dimitir y devolver sus actas de concejales, con el claro objetivo de que las concejalías bajo su responsabilidad puedan realizar sus obligaciones con la mayor normalidad y claridad democrática".

La que de momento no se ha pronunciado ha sido la alcaldesa --Raimundo ha puesto a su disposición sus delegaciones de Mantenimiento y Obras, Desarrollo Rural y Festejos--, que ayer se reincorporó al trabajo tras sus vacaciones. Hoy presidirá el pleno ordinario del mes (a las 13.00 horas) y se espera que se pronuncie sobre la acusación contra los dos ediles de su gobierno.