"No podemos dar un trato de favor al mismo colectivo que no está cumpliendo la legalidad". Así de claro y contundente fue el mensaje que lanzó ayer la alcaldesa a la asociación gitana y a la iglesia evangélica para que obliguen a desalojar el local de la Junta en La Data que un grupo de al menos cincuenta personas ha ocupado de forma ilegal para realizar sus cultos sin tener que llegar al desahucio por vía judicial.

Lo contrario dificulta la cesión del solar municipal que solicitaron los evangélicos en la legislatura pasada y que el gobierno del PSOE está dispuesto a estudiar "para resolver un problema de vecindad" como se refirió ayer la alcaldesa a las protestas que vienen haciendo los vecinos del Rosal de Ayala por los ruidos que causan las guitarras eléctricas y la batería que los evangélicos utilizan en su sede actual y que están reproduciendo en el local ocupado en La Data.

Fue, de hecho, un compromiso adquirido por la exedil de Bienestar Social, Raquel Puertas, hoy de nuevo en el gobierno por su pacto con el PSOE. La alcaldesa lamentó que "la vía del diálogo no ha tenido éxito" aunque insistió en la petición de desalojo que ha hecho la edil de Barrios, Carmen Blázquez. "Espero que entren en razón" zanjó.