Los ocupantes ilegales de viviendas sociales en La Data tendrán que empezar a abandonarlas mañana en cumplimiento del compromiso al que llegaron antes de Navidad sus portavoces con el presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda en presencia de la alcaldesa. Si alguien se niega obligará a la Junta de Extremadura a ejecutar los desahucios aprobados judicialmente.
El pacto al que se comprometieron el pastor de la iglesia evangélica, Emilio Vázquez, y el portavoz del colectivo merchero, Hilario Pardo, consiste en empezar a abandonar pacífica y escalonadamente las viviendas desde mañana mismo así como desde el 3 de enero la agencia de la vivienda ha empezado a recuperar los pisos forzados, pero deshabitados, tal y como acordaron también con Javier Corominas, su presidente.
SOLICITUDES A EXAMEN El pacto también pasa porque quien abandone voluntariamente la vivienda pueda solicitar otra, haciendo una excepción sobre el decreto de la Junta que prohíbe ser solicitante a quien haya sido ocupante ilegal. Lo que no quiere decir que se le vaya a adjudicar si no justifica su estado de necesidad. En palabras de Corominas aquel 16 de diciembre, no podrán ser adjudicatarios "por ingresos, por tener otra vivienda, por su situación itinerante o aquellas personas cuyos comportamientos demostrados rompen la convivencia del barrio, bien por su forma de actuar o por sus costumbres".
Aunque el mismo Corominas ya anunció que los futuros adjudicatarios, para los que se abrirá un plazo de solicitud próximamente, tendrán que asumir no sólo el compromiso de pagar el alquiler, cuya cuantía variará en función de sus rentas, sino también el de someterse a cursos de formación e integración social.
A este acuerdo se llegó después de que las asociaciones gitanas desconvocaran la manifestación prevista para la víspera de Nochebuena en Mérida a las puertas de la Junta para protestar por los desahucios practicados por ocupaciones ilegales. Hasta 52 son exactamente las ocupadas ilegalmente.
