La empresa que resulte adjudicataria de la gestión del servicio de tratamiento de residuos de la construcción deberá levantar una planta de reciclaje no sobre el actual vertedero sino en terrenos de su propiedad. Tendrá cuatro meses para hacerlo, a contar desde la firma del contrato, y en este plazo, también deberá sellar la escombrera --en pleno monte Valcorchero-- y restaurarla desde el punto de vista ambiental colocando una capa de tierra vegetal.

Así lo establece el pliego de cláusulas administrativas que regirá la contratación por concurso de su gestión y pasará hoy por el pleno, al igual que la nueva ordenanza fiscal que regulará la tasa a pagar por este servicio de reciclado de escombros.

Muchos sectores, sobre todo el de la construcción, esperan la puesta en marcha de la nueva planta, ya que, tras llevar meses clausurada la escombrera municipal (situada en la carretera de Salamanca) el edil de Medio Ambiente, Miguel López Bueno, anunció que en su lugar se montaría la planta y mantuvo contactos con una empresa con este propósito, pero finalmente, a finales de noviembre desveló que no era posible porque se necesitaba más terreno, por lo que decidió sacar a concurso su construcción y gestión.

Así, el pliego administrativo del concurso establece que la empresa adjudicataria deberá preparar el vertedero actual mediante "la extensión, nivelación, compactación y colocación de una capa de tierra vegetal en toda su extensión", además de realizar el sellado y restauración ambiental y la planta de reciclaje deberá construirla en un terreno completamente ajeno al municipal y de su propiedad.

Cuatro meses de obra

La empresa tendrá un plazo máximo de 120 días a contar desde la firma del contrato para realizar todas estas obras --por lo que las constructoras tendrán que seguir esperando-- y podrá gestionar el servicio durante un mínimo de cinco años, prorrogable anualmente hasta un máximo de diez.

Una vez en marcha el servicio, las empresas que quieran llevar sus escombros a la nueva planta, tendrán que hacer una petición previa indicando la cantidad y el tipo de residuo que desean verter y, concedida la autorización, deberán pagar una tasa, que quedará fijada en la ordenanza fiscal que pasará hoy también por el pleno.