El grupo municipal del PP instó ayer al gobierno del PSOE y a la Junta a llegar a un acuerdo para la contratación de un arqueólogo que se encargue de realizar los informes previos a la licencia de obra en el casco histórico y que no tengan que asumir este coste los ciudadanos.
La portavoz municipal, Victoria Domínguez, señaló ayer que "la normativa obliga a la administración competente a hacer el informe arqueológico y por tanto la obligatoriedad del mismo no puede exigirse al administrado, lo que supone más gastos para éste a la hora de realizar cualquier intervención en el casco histórico" que, advirtió, hace desistir a más de un promotor a riesgo de despoblamiento del centro. Así, avisó además de que el ciudadano puede llegar a pedir daños y perjuicios al ayuntamiento por la demora en la concesión de licencia.
