Ciudadanos y Podemos están uniendo fuerzas para alcanzar una reforma de la ley electoral que les proporcione mayor representación parlamentaria. Las formaciones aducen que nuestro régimen electoral quiebra el principio de proporcionalidad del voto y perjudica a los partidos minoritarios.

En la Transición se optó por la regla D´Hont para garantizar gobiernos fuertes. Desde este punto de vista, tenemos que reconocer que nuestro sistema electoral ha favorecido la estabilidad política. En cambio, los periodos de gobiernos minoritarios han resultado muy negativos para el conjunto del país, y los efectos los estamos viviendo ahora en Cataluña y en el País Vasco.

Desde una óptica teórica la proporcionalidad parece más justa. Pero en la práctica no es así. Hay que tener en cuenta que las regiones menos desarrolladas también suelen ser las menos pobladas, con lo cual sus necesidades tendrían pocos valedores en el parlamento. La única forma de que todos los votos tuvieran el mismo valor sería con una circunscripción única en todo el Estado. Pero tampoco se alcanzaría esa pretendida justicia en la representación, ya que los que designan a los candidatos son los partidos políticos, de modo que las grandes concentraciones urbanas, que suman más afiliados, colocarían más candidatos en las listas.

El problema electoral no reside solo en optar por un sistema proporcional o mayoritario. Una ley electoral debe ser democrática. Pero la democracia no descansa solo en alcanzar una proporcionalidad en votos. La verdadera democracia debe buscar la justicia social. Y si queremos una auténtica representación de los ciudadanos, es necesario discriminar positivamente a algunos territorios confiriéndoles mayor poder de decisión. En suma, no solo es cuestión de proporciones o mayorías de votos, sino de no olvidar que la política tiene como fin último organizar la sociedad para alcanzar el progreso y el bienestar de los ciudadanos.