A estas alturas del 2003, todavía están apareciendo en el ayuntamiento facturas del 2002 cuyos proveedores no han podido cobrar porque corresponden a gastos irregulares del anterior gobierno de Díaz. Hasta la fecha son cerca de 300 facturas de empresas placentinas en su mayoría por un valor aproximado de 220.000 euros, que el nuevo gobierno del PSOE tampoco podrá abonar hasta que realice una modificación del presupuesto en la que trabaja contrarreloj el personal de Intervención con intención de que la apruebe el pleno antes de fin de mes.

Pero antes tendrá que hacer un reconocimiento extrajudicial de la deuda, que es el procedimiento que establece la Ley para asumir los gastos que realice la Administración sin contar con dinero suficiente en los presupuestos y sin que el proveedor tenga que reclamar su abono en el juzgado.

De ahí que los proveedores del 2003 de gastos hechos por el procedimiento regular van a cobrar antes que estos del 2002 puesto que lo primero que ha hecho la alcaldesa, Elia Blanco, ha sido empezar a firmar las órdenes de pago. Las últimas facturas de lo que va de año hasta un valor aproximado de 1.900.000 euros las está tramitando estos días el alcalde accidental, Juancho Alvarez, para que los proveedores puedan empezar a cobrar a partir de esta misma semana.

PRESUPUESTO HIPOTECADO

Luego le tocará el turno a las facturas de un año atrás, que se cargarán al presupuesto de este año con cargo al remanente de tesorería del 2002, que roza los 2,3 millones de euros. Lo que significa que el PSOE se ha hecho cargo de un presupuesto hipotecado porque, por definición, el remanente se presupone que es un dinero de libre disposición, pero el nuevo ayuntamiento tendrá que emplearlo en tapar este agujero.

Si bien se desconoce aún la dimensión de ese agujero y, por tanto, a cuánto ascenderá la modificación del presupuesto. De hecho, la aprobación hace una semana por el pleno de 27 contratos eventuales que hizo Díaz sin fondos es sólo la punta del iceberg de una situación heredada y ya entonces un informe del interventor municipal advertía de la irregularidad de comprometer gastos sin consignación presupuestaria. Alertaba de que podrían ser nulos de pleno derecho por saltarse la normativa.

Es el mismo caso del asfaltado de numerosas calles que ejecutó a última hora el gobierno de Díaz o de la reforma de los vestuarios de la piscina municipal.