El colectivo antiantenas ha reunido hasta ahora 235 firmas para exigir al ayuntamiento que retire las de telefonía móvil del casco urbano. Mientras un informe municipal ha señalado que cumplen los niveles que establece la Ley, sus responsables, Luis Bote y Jesús Neila, acusaron al equipo de gobierno de "engañarnos y ningunearnos" y advirtieron de que estudian recurrir a la vía judicial para conseguir que se regule su instalación.

Neila indicó que las peticiones del colectivo son muy claras: el traslado de las antenas al extrarradio "o como mínimo que no se aumente la presión radiológica del centro urbano". Además, se quejó de la actitud del gobierno porque "no ha respondido a ninguna de nuestras peticiones, y nos ha mantenido al margen".

Por su parte, Bote recordó que en noviembre del 2003 mantuvieron una reunión con la alcaldesa "quien nos dijo que en treinta días nos daría una solución y hasta ahora". IU ha apoyado su reivindicación y su coordinador, Luis Ranilla, recordó que el PSOE se comprometió en su programa a minimizar las emisiones electromagnéticas.