La UNED ha dedicado uno de sus cursos de verano a la proyectada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881. Como ponentes, el magistrado del Tribunal Supremio Manuel Marchena, que a la vez preside la comisión encargada de elaborar el nuevo Código Procesal Penal. El miércoles abrió el curso el Fiscal Jefe del TSJEx, Aurelio Blanco, y ayer acudió el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para dar una ponencia sobre esta nueva ley para el siglo XXI.
Fue recibido por la directora del centro, Consuelo Boticario; firmó en el libro de honor, y acudieron a escucharle el jefe de la Policía Nacional y el intendente de la policía local, además de abogados y fiscales. Torres-Dulce calificó el curso de "excelente" porque cuenta con "los mejores especialistas sobre la reforma del proceso penal", una reforma que, en su opinión, tiene "una enorme importancia, es una exigencia inexcusable porque prácticamente dos terceras partes de los asuntos que acaban en los tribunales están adscritos a la jurisdicción penal y además son los que afectan a bienes jurídicos y a valores constitucionales, pero también cotidianos".
Por eso, dijo que "lamentaría profundamente que el camino de la reforma no llegara a buen puerto, sería una ocasión perdida". Sobre todo, subrayó que será importante "para agilizar las respuestas que los procesos penales deben dar a la sociedad y modernizar con instrumentos que aumenten las garantías de derechos de los ciudadanos en un proceso que debe contemplar tanto el papel de las víctimas como el de los propios acusados".
No es partidario el Fiscal General del Estado de endurecer las penas. De hecho, subrayó que el Código Penal español tiene las penas más altas de Europa en muchos delitos".
CARCEL PARA HUELGUISTAS Precisamente, preguntado por las críticas sindicales por las peticiones de cárcel de fiscales para personas detenidas por haber participado en huelgas, Torres-Dulce aseguró que "desde la Fiscalía General del Estado no hemos dado absolutamente ninguna instrucción" en ese sentido, como apuntan los sindicatos. "Los fiscales tienen absoluta libertad para calificar estos tipos delictivos. No hemos dado instrucciones generales, ni particulares y cada una de las fiscalías valoran en cada proceso la gravedad de los hechos y la aplicación de la ley. Si se estima que son desproporcionadas las penas para esos tipos delictivos, hay que cambiar la ley, pero yo no he visto un comportamiento exacerbado con respecto a estos hechos".
Sobre la polémica ante el recurso del fiscal del caso Nóos y sus descalificaciones al juez Castro, contestadas por el CGPJ pidiendo respeto para el juez, el Fiscal General del Estado dijo estar "absolutamente de acuerdo, pero hemos dicho que ese mismo respeto debe establecerse también desde el poder judicial para los fiscales y el resto de partes. Creo que el deseo general es reconducir las cosas".
AFORAMIENTOS Y sobre los aforamientos y el del exjefe del Estado en particular, se mostró a favor de su aforamiento por seguir teniendo una condición de máxima autoridad, "lo que no significa que esté exento de responsabilidad, simplemente significa que sería juzgado por el tribunal Supremo y además no tendría derecho a una segunda instancia". Reducir aforamientos dijo que es "una decisión política y la carrera judicial aceptará la decisión que tomen".
