El juez del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) encargado de ejecutar las sentencias del Supremo sobre las huertas de La Isla placentinas ha solicitado los datos patrimoniales de la miembros de la corporación al objeto de actuar contra ellos en el supuesto de desobediencia por parte del consistorio.

Así lo ha desvelado el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, quien ha añadido que los representantes políticos del ayuntamiento se enfrentaría a multas económicas e incluso a penas de cárcel en el supuesto de que se incurriera en un delito de desobediencia a la hora de la ejecución de las sentencias.

En julio de 2014, la sala de lo contencioso administrativo del TSJEx dictó un auto en el que obligaba al ayuntamiento placentino a abonar 5,5 millones de euros en tres años a los propietarios de las huertas, quienes a partir de la aprobación de la revisión del Plan General Municipal podrían aceptar o no el pago en suelo de la deuda restante, hasta un total de 40 millones.

El consistorio ya ha hecho efectivo los dos primeros pagos (1,5 millones en 2014 e idéntica cantidad en 2015) y tiene pendiente el pago de otros 3 millones en 2016, ya que el TSJEx elevó recientemente en 500.000 euros la cantidad que debe abonar el Gobierno local el próximo año.

Ante la negativa de los propietarios a aceptar pago alguno en suelo, el ayuntamiento de la capital del Jerte ha solicitado un préstamo al Ministerio de Hacienda por importe de 24.166.272,41 euros, que tendrá que devolver en un plazo de diez años, a razón de 3 millones de euros anuales, con excepción de 2017, en el que la aportación será de 1,5 millones y 2016 y 2015, que quedan exentos de pago.

En la última reunión que mantuvieron el pasado martes en la sede TSJEx los representantes legales y los responsables municipales, el magistrado ha propuesto que se haga efectivo el pago del principal -24 millones- y una quita de 2/3 en los intereses con la posibilidad de que el Consistorio pueda abonar el resto de la deuda -unos seis millones más- con suelo o aprovechamientos urbanísticos.

El próximo 15 de diciembre se producirá un nuevo encuentro en sede judicial.