La solución que la Concejalía de Urbanismo contempla para pagar a los dueños de las huertas de La Isla pasa por la construcción de dos edificios, de unas doce plantas, en parte de los solares y de la dotación de 10.000 metros cuadrados para uso comercial. Todo unido a espacios abiertos que permitan seguir viendo el río y además, al traslado previsto de los colegios Alfonso VIII e Inés de Suárez.

Es la ordenación que el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, prevé incluir en la revisión del nuevo Plan General Municipal y que ayer expuso a los grupos de la oposición. "Hay que construir en la zona, pero con edificios que no cierren la avenida", subrayó el edil.

Es una de las soluciones que ya se ha planteado a los propietarios, visto que se ha descartado recurrir las sentencias porque, según un informe jurídico municipal "no caben más recursos, ni ante el Supremo, ni ante el Constitucional, ni ante Europa. Presentar un recurso nos haría perder más dinero", 100.000 euros al mes en intereses, según sus cálculos, y que siguen corriendo. Por eso, su intención es firmar un acuerdo cuanto antes con los propietarios para parar el suma y sigue de dinero.

La propuesta municipal será pues la ordenación de las propias huertas y además, "vitaminar el Plan General", es decir, aumentar la edificabilidad donde sea posible para lograr un mayor aprovechamiento que pueda servir para pagar a los dueños, bien a través del suelo o del resultado de la venta de ese suelo, según explicó.

Este aumento de la edificabilidad lo prevé el concejal, sobre todo, en las zonas de entrada y expansión de la ciudad y puso como ejemplo el ferial del Berrocal. El aumento de la edificabilidad significa la previsión de construir edificios de más alturas, lo que también quiere dibujar el edil en solares municipales donde ahora hay medianeras antiestéticas, como en la zona del edificio del Centro de Educación de Adultos.

Además, Hernández ha propuesto a los propietarios la posibilidad de la quita y espera , que consiste en que renunciarían a una parte de lo que deben cobrar, a cambio de fijar una fecha de cobro y "algunos no lo han visto mal", dijo.

Pero mientras se perfilan estas soluciones que, según el concejal, vieron con buenos ojos ayer los grupos de la oposición, el ayuntamiento va a utilizar la única medida jurídica que le queda, que es la redacción de una propuesta razonada que se enviará al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura "sobre el modo de ejecutar la sentencia de la manera menos gravosa para el ayuntamiento".

A su vez, está preparando un inventario de los bienes municipales que podrían ser embargables si los dueños pidieran la ejecución forzosa de la sentencia. Devolver las huertas no es posible, los propietarios tendrían que pedir la reversión.