Dado que la Universidad Católica de Ávila no ha presentado su proyecto de implantación en Plasencia, la Junta de Extremadura no ha dado una respuesta oficial. Lo que ha sucedido hasta ahora es que «los acontecimientos se precipitan» y la Junta ha hecho unas «reflexiones» que han generado una polémica que el presidente Guillermo Fernández Vara quiso zanjar ayer. Así, señaló que la Junta no se pronunciará «porque no conocemos el proyecto» y que, cuando se presente, «lo vamos a estudiar con todo el cariño del mundo, como hacemos con casi todo».
Lo primero que quiso dejar claro es que una hipotética negativa «no tiene nada que ver con la religión», como apuntó días atrás el alcalde. «Yo soy católico, cómo voy a estar en contra de la Iglesia Católica», dijo Vara.
En su opinión, hay que ser «respetuosos con los tiempos y las normas» y subrayó que «no hay un sí o un no, hay muchas gamas de grises», en alusión a que los proyectos se pueden mejorar y, en el futuro, cuando se presente el de la UCAV, apuntó que habrá que mantener contactos para hablar sobre el proyecto.
Lo que se va a plantear la Junta es si esta nueva oferta universitaria llegaría a Extremadura para «aportar itinerarios alternativos o complementarios» a los que existen actualmente. Porque, por un lado, apuntó que no tiene nada en contra de la llegada de empresas a la región y, en concreto, a la ciudad de Plasencia, que aporten riqueza, pero por otro, matizó que «si me dice que se quiere instalar y viene solo con dos titulaciones que ya las tenemos, para que se dividan los alumnos y unos que paguen y otros no, pues no me parece la mejor de las propuestas y, como no creo que sea esa, cuando entre el proyecto tendremos la oportunidad de plantear el tema».
Defendió que la Junta trabaja por traer empresas a la región, «cómo le voy a poner pegas a algo que venga a aportar riqueza y empleo», ahora bien, señaló: «intentamos que los proyectos vengan a servir» y el de la UCAV, «lo estudiaremos», pero apuntó que «las cosas no son discrecionales, existen unas normas y unas leyes», a las que el proyecto educativo deberá ajustarse.
