Decenas de personas montando escándalo» en un establecimiento de la calle Cartas. Y, en la calle, «gente bebiendo y dando voces, orinando en los portales, rompiendo botellas, dando golpes en las puertas...» Es parte de un testimonio que llegó ayer a la Asociación de Vecinos Intramuros de un residente de la calle. Afirma que entre las 3.30 horas de la madrugada y las seis no pudo dormir, llamó a la policía, y no fue el único de la calle en hacerlo. La policía acudió y dijo haber levantado dos actas de denuncia por incumplimiento de horarios, pero ante la queja vecinal por el escándalo en la calle, la respuesta policial fue que «no se puede hacer nada».

Este ejemplo de ayer se viene repitiendo desde hace meses, e incluso años, de manera intermitente por parte de vecinos de esta calle, aunque también ha habido quejas de otras calles del centro. La asociación intramuros las ha venido haciendo públicas y ha criticado lo que considera pasividad del ayuntamiento y policial.

De hecho, hay escritos de vecinos a título particular y de la asociación, que se han remitido al ayuntamiento y a la Junta de Extremadura, como recordó ayer Julián Gutiérrez, presidente de Intramuros. También han recurrido al Defensor del Pueblo, que «sustanció el expediente y recomendó al ayuntamiento que hiciera un mapa de ruidos», pero su informe no es vinculante.

El pasado mes de septiembre, la asociación ha remitido dos nuevos escritos en los que pide que se retire la licencia de terraza a un establecimiento; que se obligue al propietario a colocar vallas de protección para impedir la aglomeración de personas y que se vigile el cumplimeinto de los horarios. También ha solicitado información de los partes de denuncia abiertos al local.

Porque después de todas las veces que han llamado para quejarse y de los escritos enviados, no entienden cómo no se han producido cierres, si, según la normativa, a la tercera denuncia se decretaría el cierre.

Además, recuerdan que la Ley de Ocio de la Junta prohíbe beber alcohol en la calle y que la ordenanza municipal sobre protección de la convivencia ciudadana fija que «todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y a evitar la producción de ruidos y olores que alteren la normal convivencia». Su último recurso es el judicial, que algunos se están planteando y Gutiérrez recuerda que «todas las sentencias son favorables al vecino porque el derecho al descanso prevalece sobre el derecho al ocio».