La Plataforma Ciudadana de Afectados por el botellón asegura que denunciarán los incumplimientos de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la de Ocio de Extremadura ante la Subdelegación del Gobierno, si el consistorio no aprueba en el primer pleno del año la ordenanza municipal de ocio, que regulará la celebración del botellón en materia de horarios, seguridad ciudadana y ubicación.

El colectivo y los vecinos afectados por el botellón en El Berrocal también baraja la posibilidad de interponer una demanda colectiva contra el ayuntamiento ante los tribunales. Así lo expresó el portavoz de la plataforma, Manuel Sanz, que aseguró que "estamos esperando una respuesta por parte de la administración local, para que nos expliquen por qué no han llevado al pleno del mes de diciembre la aprobación de la ordenanza. Nos sentimos traicionados".

En su momento, el concejal de Interior, Francisco Martín, anunció que la ordenanza se aprobaría antes de finalizar el año, aunque previamente tendría que pasar dos filtros: el de la concejala de Educación, Flor Prieto, que pilota el marco del Consejo Escolar Municipal donde están representados todos lo colectivos y partidos políticos. Así como el del concejal de Juventud, Enrique Tornero, que ha mantenido reuniones de trabajo con los jóvenes.

Por su parte, Manuel Sanz asegura que la plataforma continúa recogiendo firmas contra el botellón en el Berrocal, y que ya han reunido alrededor de 1.200 hasta la fecha. El colectivo reiniciará sus reuniones cuando pasen las fiestas navideñas y "esperaremos prudentemente una respuesta del ayuntamiento, antes de proceder". Sanz también señaló que el botellón "es una lacra social, que debería ser eliminada por completo", y que la plataforma "apoyará a cualquier colectivo vecinal al que afecte el supuesto nuevo emplazamiento del botellón , con el respaldo de las firmas que hemos recogido".

Sanz aseveró que el gobierno local "no puede demorarse más en la aprobación de la ordenanza, escudándose en la excusa del consenso entre partidos políticos y asociaciones. Es necesario actuar ya" --recalcó Sanz-- "porque aquí hay muchos vecinos afectados por el ocio de unos pocos. Que no pretendan regular la ilegalidad, porque esto no puede calificarse ni de actividad lúdica ni juvenil, como pretenden la alcaldesa, Elia Blanco, y el concejal de Interior".