Los vecinos de la sierra de Santa Bárbara y el entorno que se han unido tras las últimas órdenes de derribo emitidas por el ayuntamiento presentaron ayer en el registro municipal, de la mano del arquitecto Juan Antonio Álvarez, su propuesta para poder regularizar las viviendas situadas tanto en la sierra como en la zona de la carretera de Jaraíz y El Espartal.
Se trata de una propuesta de modificación puntual del Plan General Municipal del 2015 para ampliar la posibilidad de regularizar viviendas. Como explicó ayer Álvarez, el plan general dividió la zona en cuatro áreas que antes no existían, de suelo urbanizable, donde están situadas las viviendas más cercanas a la carretera; no urbanizable común, a una altura superior; no urbanizable de protección paisajística y no urbanizable de protección ecológica y paisajística, donde se ubican los repetidores. Según Álvarez, el plan solo permite ahora regularizar las casas situadas en suelo no urbanizable común y lo que plantean es que se amplíe la posibilidad de regularización a las situadas en el no urbanizable de protección paisajística.
«No se trata de una recalificación del suelo, ni de quitar la protección, sino de decir que lo que marca la Ley del Suelo lo recoja el PGM, es decir, que se puedan regularizar las viviendas situadas en cualquier tipo de suelo no urbanizable». Por tanto, lo que piden es una equiparación a efectos de regularización, porque Álvarez advirtió también de que, en la división por zonas se dan casos como el de que una vivienda esté, parte en suelo no urbanizable común y parte en suelo de protección paisajística.
El arquitecto contratado por los vecinos defendió ayer que no se trata de plantear un procedimiento para «salvar ilegalidades» sino de una propuesta beneficiosa para toda la ciudad porque permitiría «resolver un problema que la ciudad tiene desde hace 30 años».
Además, subrayó que cumple con la nueva ley de protección ambiental del 2015 porque la regularización no supondría un perjuicio medioambiental: «ahora, la sierra no tiene un exceso de impacto, puede ser asumible, pero cualquier demolición sí supondría una alteración».
Según Álvarez, la propuesta se ha consultado antes con los técnicos de Urbanismo de la Junta, que será quien tenga la última palabra en su aprobación, y también con los municipales, que deben emitir ahora sus informes. El pleno debería aprobarla y pasar después a la Junta. Si esta da luz verde, empezaría el proceso individual de regularización.
