Después de que varios propietarios de viviendas situadas en la sierra de Santa Bárbara hayan recibido órdenes de ejecución forzosa de derribo por parte del ayuntamiento al estar construidas ilegalmente en terreno rústico, los dueños se reunieron ayer con el alcalde. Sobre la mesa, la posibilidad de que hubiera alguna solución alternativa legal al derribo. Pero terminada la reunión, fuentes del ayuntamiento señalaron que urbanísticamente no la hay porque estas viviendas están situadas en un suelo de protección especial, la finca Viña del Carmen, y eso hace imposible que se puedan regularizar con las herramientas que ofrece el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Por lo tanto, «solo un juez podría decretar que no se derriba», afirma el ayuntamiento. No parece fácil. De momento, ninguno de estos propietarios han recurrido a la vía judicial y, quienes en otras ocasiones lo han hecho, se han encontrado con sentencias condenatorias, incluso con penas de cárcel. En otros casos, el juez sí apuntaba la posibilidad de regularización en base al PGM.

Así, pues, continuará la tramitación administrativa de unos expedientes urbanísticos que son anteriores al año 2011 y se iniciaron a raíz de una denuncia privada, como ha recordado el alcalde. Los decretos de alcaldía contemplan la ejecución subsidiaria de la demolición o una multa coercitiva mensual.