La empresa pública Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, (Feisa), será la encargada de construir el nuevo polígono industrial de Jerez de los Caballeros en un terreno de 310.000 metros cuadrados en la dehesa boyal que, el pasado miércoles, fue cedido en pleno extraordinario a la Junta de Extremadura para iniciar el estudio técnico-económico que podría estar finalizado entre junio y octubre de este año para el comienzo de las obras.

PSOE e Iniciativa del Pueblo (IP) votaron a favor de la cesión, mientras que el PP se abstuvo porque, según su portavoz, Francisca Rosa, la dehesa es suelo no urbanizable de especial protección forestal y antes de decidir la ubicación se debería haber preguntado a los empresarios y ganaderos para "tomar una decisión responsable".

El portavoz socialista, Rafael Morales, señaló que la zona es la más degradada de la dehesa y se utiliza suelo municipal para abaratar el precio de las parcelas a los compradores.

Tanto Morales como el alcalde, Carlos Angulo, insistieron en la importancia de esta cesión para contribuir al desarrollo económico de la ciudad con suelo industrial para nuevos empresarios ya que el actual polígono se ha quedado pequeño.

Tras finalizar el pleno, el director general de Promoción Empresarial, Juan Carlos Chaves, se refirió al futuro polígono como el tercero más grande que, hasta la fecha, ha construido la Junta.

Anunció que contará con los mejores servicios y se conectará a la red gasística Villafranca-Jerez.

El futuro polígono contará con parcelas de entre 350 y 6.000 metros cuadrados para cualquier industria. El plazo de ejecución de las obras será de doce meses.

Antes de comenzar el pleno, el alcalde-presidente, Carlos Angulo, prohibió a la emisora Onda Cero la grabación del mismo alegando que no consideraba acertados los extractos que emite de los plenos y la forma de tratar la información. Esta prohibición, según dijo, no afecta al resto de los medios de comunicación. A los responsables de esta emisora, con sede en Fregenal de la Sierra, les indicó que, una vez finalicen los plenos, podrían preguntar una valoración del mismo a los portavoces de cada grupo político.

Sobre este asunto, los portavoces del PP y de IP señalaron que era un atropello a la democracia y a la libertad de expresión, "suena a dictadura pura y dura".