Ecologistas en Acción de Extremadura ha solicitado a la Dirección General de Medio Ambiente que recurra la declaración de impacto ambiental para la construcción de la mina de níquel Aguablanca, en Monesterio, al considerar que supondrá un "grave impacto ambiental". En una nota de prensa remitida a Europa Press, la asociación ecologista indica la "ligereza" con la que el Ministerio de Medio Ambiente aprobó este proyecto e insta a la Junta de Extremadura a recurrirlo con el fin de "realizar una política más coherente y con más sensibilidad ambiental y coherencia ideológica". En este sentido, califican como positivo el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra esta declaración de impacto ambiental y aseguran no comprender que el Gobierno extremeño no tome la misma medida, algo que achacan a que "criterios políticos de personas con escasa conciencia ambiental y perspectivas de futuro puede estar haciendo que se ignoren los criterios técnicos o que no se sometan a estos". A juicio de Ecologistas en Acción, el interés del Ministerio en aprobar este proyecto es un paso más en la política del PP de desmantelamiento de las empresas públicas, en este caso PRESUR, y cerrar definitivamente la mina de Cala (Huelva) sin que de momento se haya realizado la restauración ambiental del lugar. Los ecologistas recuerdan en la nota de prensa que, de los supuestos 160 puestos de trabajos que dará la mina de Aguablanca en su momento de máxima producción, 50 serán empleados de PRESUR procedentes de la mina de Cala, otros 50 serán técnicos directos de Río Narcea que se trasladarán de otras provincias e incluso del extranjero, y el resto de puestos se repartirán entre las subcontratas algunos de cuyos trabajadores podrán ser de los pueblos de alrededor. De este modo, consideran que el beneficio para Extremadura será mínimo y el riesgo ambiental máximo, dado que además de dañar el entorno se dañará gravemente, según indican, la imagen de comarca saludable y se hipotecará el futuro desarrollo sostenible del lugar. TRIBUNALES Esta asociación recuerda que la empresa Río Narcea Goldmines ya ha sido declarada culpable en dos ocasiones por los tribunales. En una de esas ocasiones, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) invalidó los cambios que se hicieron en noviembre de 1995 en las normas subsidiarias del concejo de Miranda para permitir la apertura de una mina de oro, actualmente en funcionamiento. Por otro lado, en noviembre de 1997 declararon ilegales las primeras prospecciones hechas en Miranda para abrir una mina, por haberse hecho sin evaluación de impacto ambiental. Ecologistas en Acción indica que ya ha denunciado ante las diferentes administraciones los continuos incumplimientos de la legislación ambiental por parte de esta empresa. "Por ello, ni la Junta de Extremadura ni el Ayuntamiento de Monesterio pueden ser cómplices de un proyecto tan desafortunado y con una empresa con estos antecedentes, que a todas luces atenta contra el desarrollo sostenible de la zona y que además hace aguas técnicamente, como ya puso de manifiesto esta Asociación en sus alegaciones al proyecto. Por eso desde Ecologistas en Acción se considera que no se debe ceder ante la prepotencia y los aires chantajistas que está utilizando la empresa en todo este proceso", señala la nota. De este modo, Ecologistas en Acción asegura no comprender la precipitación del proyecto y pide tranquilidad para estudiar alternativas viables a las que plantea la empresa, con un menor impacto y un mayor beneficio para todos. Para esta asociación ecologista no se puede poder en peligro los recursos hidrológicos y naturales para beneficiar a una empresa multinacional que cotiza en Canadá, y con capital estadounidense principalmente. Finalmente, señala que será prácticamente imposible pedir responsabilidades en caso de accidente o de incumplimiento de la restauración ambiental "y entonces tocará a todos los extremeños pagarlo", concluye.
