La Audiencia de Badajoz juzgará la semana próxima a L. T. C. por un supuesto delito de cohecho. Según consta en las conclusiones provisionales de la fiscalía, A. H. P., en calidad de administrador concursal de la empresa Gestión del Suelo Vegas Altas SL se puso en contacto los días 25 y 26 de marzo de 2015, telefónicamente y a través del correo electrónico, con el Punto de Información Catastral (PIC) ubicado en el Ayuntamiento de Torre de Miguel Sesmero, en el que constaban, a la sazón, como usuarios autorizados para la expedición de documentación J. M. R. S. y el encausado L. T. C., según la Fiscalía.
El 25 se realizó una inicial llamada seguida del envío de un correo electrónico. Y el día 26 se envió un primer correo electrónico, seguido de dos llamadas telefónicas y culminado con un nuevo correo electrónico. El fin era la obtención, a la mayor brevedad posible, de la relación catastral de bienes de titularidad de la empresa referida y las certificaciones catastrales correspondientes a su descripción y valoración, «no sin antes haber acreditado el solicitante su legitimación para cursar dicha petición de documentación», según la Fiscalía.
En el curso de dichas comunicaciones (específicamente, en conversaciones telefónicas del 26), según el fiscal, «el encausado L. T. C. puso de manifiesto verbalmente al solicitante indicado que se trataba de un volumen importante de documentación a expedir y que, si concurrían razones de urgencia para su entrega, ello sólo sería factible si dicho solicitante le entregaba 40 o 50 euros sin que constara en parte alguna».
La expedición de documentación por el PIC no está sujeta a pago. Y en el momento actual no se ha expedido la misma. La Fiscalía considera estos hechos «un delito de cohecho, del que es responsable al acusado y solicita la pena de 3 años de prisión e inhabilitación para empleo público por tiempo de 5 años».
