El Ayuntamiento de Barcarrota ha negado que en el pleno municipal del pasado 4 de diciembre se produjeran altercados por parte del público asistente, sino que lo que hubo, precisa, fueron "actos de desobediencia a la autoridad y escándalo público" por parte de la concejala del PP Cándida Alzás.
El consistorio sale así al paso de las acusaciones lanzadas por el PP, que informó que sus concejales y los de IU no asistirán a los plenos municipales si la Delegación del Gobierno no les garantiza su integridad física.
Según informó el portavoz municipal popular, Alfonso Macías, esta decisión la han tomado ante los "graves y reiterados" altercados que se vienen sucediendo en los plenos por parte de grupos de "alborotadores" en sintonía con el alcalde, Santiago Cuadrado Rodríguez.
En una nota, el ayuntamiento, por su parte, explica que la policía local tuvo que desalojar a Cándida Alzás debido a que ésta no obedeció la orden dada en este sentido por el alcalde.
INFORMADA LA DELEGACION También afirma que este hecho se comunicó ese mismo día, vía fax, a la Delegación del Gobierno, así como telefónicamente al comandante del Puesto de la Guardia Civil en Barcarrota. Luego enviaron a la Delegación del Gobierno un informe de los agentes de la policía local y un borrador del acta de la sesión.
El gobierno local añade que en el orden del día figuraba, entre otros asuntos, dar cuenta de la sentencia sobre un contrato ilegal de un puesto de confianza y de libre designación suscrito por Alfonso Macías, "que por el comportamiento de los concejales de la oposición, indica que no querían que se debatiese".
El equipo de gobierno señala además que desde el inicio de la legislatura los concejales del PP e IU demuestran "una falta absoluta de respeto a la institución municipal, a su alcalde y al pueblo de Barcarrota, interrumpiendo y alterando los debates".
