El Partido Popular de Badajoz ha pedido hoy la dimisión del alcalde de Puebla de Alcocer, Manuel Moreno, y su cese como diputado provincial de Agricultura por cobrar una tasa de guardería rural que en la práctica es un servicio que no se ha prestado.

El secretario general del PP provincial, Juan Antonio Morales, cree que esta situación, que un juzgado contencioso administrativo ha avalado ya en el caso de tres afectados que recurrieron el cobro de esta tasa, supone un "abuso de poder" y un "engaño manifiesto al pueblo".

Ha recordado que el año pasado se aprobó en pleno municipal la ordenanza reguladora de la guardería rural cobrada a los agricultores por prestar este servicio, aunque no se estaba produciendo.

El cobro de la tasa durante el último semestre del pasado año permite recaudar 40.000 euros, lo que provocó que los agricultores "se levantaran y manifestasen" contra esa ordenanza, pues el servicio no se estaba realizando y era una "ilegalidad manifiesta".

Ha recordado que el PP pidió que se devolviera el dinero a los agricultores, mientras que la organización agraria APAG presentó tres reclamaciones de sus socios en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Mérida.

El juzgado extremeño entiende, en sentencia del pasado 9 de septiembre, que el servicio no se ha realizado y por tanto reclama la devolución de las cantidades a los reclamantes.

Por su parte, el PP ha informado de la elaboración de un boletín donde se denuncian los hechos, que será entregado "casa a casa" del municipio y donde hay un modelo de reclamación para que los afectados puedan presentarlo en el registro del Ayuntamiento de cara a su remisión al juzgado.

Para el PP, la sentencia firme del tribunal emeritense constituye un precedente para los afectados que, utilizando el modelo de reclamación, pidan la devolución de lo pagado, aunque espera que el alcalde de la localidad la efectúe "de oficio".

Por otro lado, el Partido Popular preguntará al presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés, "si éste es el modelo de agricultura que la institución quiere extender a toda la provincia, engañando a los agricultores".

El Partido Popular ha explicado que el servicio se ha puesto presuntamente en marcha a raíz de la sentencia del juzgado emeritense.

Las tasas dependen de la extensión de la parcela que disponga cada agricultor.