El juicio seguido contra J. C. S. S., acusado de 26 delitos de atentado contra la intimidad por las grabaciones con microcámaras a 23 compañeras de trabajo en situación íntima en los aseos, en un centro de atención a personas con discapacidad mental, en Olivenza, quedó ayer visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal, donde se ha venido celebrando desde el pasado día 9.
La primera parte de la última jornada del juicio, celebrado la mañana de ayer, fue a puerta cerrada, pues ante los cambios anunciados en las conclusiones de los abogados de las cuatro acusaciones particulares, la defensa propuso la declaración de la esposa del acusado en calidad de testigo. Según el letrado Manuel Villalón, la mujer admitió ser ella quien figuraba en algunas de las imágenes que las acusaciones vieron como susceptibles de haber sido transferidas a terceras personas, lo que el acusado negó en el juicio, y tampoco ha contemplado la fiscalía, pues ha tenido en cuenta, como anunció en su momento, las atenuantes de alteración psíquica, reparación del daño y colaboración. Ello supone rebajar la pena solicitada de 3 años, 7 meses y 15 días de prisión a 2 años y 3 meses.
La defensa mantiene su petición de 2 años y las acusaciones, que solicitaban entre 3 y 6,5 años, las han aumentado.
Una pide 5 años, multa de 34 meses a 15 euros diarios y prohibición de acercamiento y comunicación por ese tiempo a menos de cien metros; otra pide 4 años y 1 día y 24 meses de multa, con orden de alejamiento e incomunicación a menos de cien metros. La tercera pide 6 años y orden de alejamiento y la cuarta 6,5 por los delitos de grabaciones y otros 6,5 por transferencia de archivos con grabaciones, y responsabilidad civil para 21 afectadas.
